05/01/2016 - Cineuropa se reunió con Bruno Zambardino, profesor de economía y organización de medios de comunicación y artísticos en la universidad La Sapienza de Roma

La revolución transmedia que estamos viviendo conlleva un acceso de contenidos audiovisuales que está redefiniendo los modelos de consumo. De ello hablamos con Bruno Zambardino, que desde hace diez años enseña economía y organización de medios de comunicación y artísticos en la universidad La Sapienza de Roma y hace pocos meses ha publicado el libro Dal possesso all’accesso - L’industria audiovisiva ai tempi dello streaming. 

Cineuropa: La mayor parte del cine europeo no consigue llegar a su público potencial. Hay problemas a la hora de individuar cada uno de los proyectos. No se recuperan las inversiones y hay un evidente problema cultural más allá del de mercado. La Comisión Europea anima a revisar las normativas para una convergencia plena y una participación de todos los nuevos actores. En su opinión, ¿cuáles son los puntos más eficaces sobre los que se está trabajando a nivel europeo en lo que respecta al respaldo institucional al sector audiovisual?
Bruno Zambardino: Las ICT no pueden considerarse un sector específico, sino el fundamento de cualquier sistema económico moderno. Internet, las tecnologías digitales y los dispositivos móviles están rediseñando de hecho las técnicas de comunicación, de investigación y de intercambio de información tradicionales, convirtiendo a la red en un lugar privilegiado en el que los individuos y las empresas interactúan y concluyen transacciones.

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Se trata de toda una revolución que está fraguando a escala mundial a una velocidad imparable el contexto económico-social en que vivimos, acarreando consigo una enorme cantidad de oportunidades para innovar, crecer y crear empleo.

Tal constatación, unida a la consideración de que los beneficios ligados al advenimiento de la sociedad digital pueden aprovecharse mejor en presencia de una mayor coordinación a escala europea, ha llevado a la Comisión Europea a poner entre sus prioridades la creación de un mercado digital único en el que se asegure a los consumidores el libre acceso en el territorio europeo, sin limitaciones nacionales y/o geográficas injustificadas, a servicios y contenidos mediante los propios dispositivos electrónicos, así como la garantía a las empresas de un level playing field en que poder ofrecer los bienes y servicios propios en el ámbito de una regularización armónica, que les permita ser competitivos a escala global. La estrategia en el mercado único digital (Digital Single Market, DSM) se adoptó el 6 de mayo de 2015 y recibió una acogida general positiva de las partes concernientes. La estrategia delineada por la Comisión se basa en tres pilares y dieciséis acciones diversas. Los puntos centrales son la revisión de la regularización en materia de TLC, la cuestión de la territorialidad de los derechos y una modernización de las reglas en el campo de los medios audiovisuales. Justamente, el pasado 30 de septiembre, se cerró la consulta pública lanzada el 6 de julio por la Comisión Europea para comprobar qué partes de la directiva 2010/13/UE sobre los servicios de los medios audiovisuales eran actualmente idóneos de cara al programa de control de adecuación y eficacia para la posterior regulación.

Las cuestiones clave son seis: garantizar condiciones de paridad para los servicios de los medios audiovisuales; ofrecer un nivel óptimo de la tutela de los consumidores; asegurar el cuidado del usuario y la prohibición de la incitación al odio y la discriminación; promover los contenidos audiovisuales europeos; reforzar el mercado único; reforzar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, el acceso a la información y la accesibilidad a los contenidos para personas con discapacidad.

Estos puntos ya por sí solos son más que suficientes para justificar la reescritura radical del marco regulador concebido en la era analógica.

El primer punto tiene que ver con la excesiva estrechez del perímetro que rodea la aplicación de la directiva (emisiones televisivas, servicios a la carta y “tv-like”) y la urgencia de ampliarlo a las plataformas e intermediarios online para compartir vídeos, que, como es bien sabido, hoy se rigen por la directiva sobre el comercio electrónico, que los mantiene exentos, bajo determinadas condiciones, de responsabilidades por el contenido que transmiten. La intención de la Comisión es indagar a fondo en el papel desempeñado por estos actores para comprender si y en qué medida pueden implicarse en la promoción y valorización de las obras audiovisuales en términos de programación e inversión (también a través de acuerdos de regulación conjunta entre las partes).

El segundo tema dirimente estrechamente ligado al primero viene representado por la ya antigua cuestión del ámbito geográfico en que los operadores se encuentran. En este caso, toca valorar si introducir en el ámbito de la directiva a las empresas que, aunque se dirigen a públicos de varios estados miembros, tienen su sede fuera de la Unión Europea. Una solución podría ser la de pedir a estas compañías registrarse o nombrar un representante en un estado miembro (por ejemplo, el principal país en que operan).

Vale la pena recordar que la Comisión ya intervino en este asunto hace apenas dos años, adoptando el libro verde “Prepararse para un mundo audiovisual de la plena convergencia: crecimiento, creación y valores”. La decisión de abrirse nuevamente al diálogo demuestra que el consumo de contenidos audiovisuales y el relativo sistema de oferta y financiación de estos contenidos experimenta transformaciones radicales y, además, con una rapidez sorprendente. El digital se confirma, por tanto, como el principal vector de innovación para las realidades más arraigadas y refractarias al cambio del sistema audiovisual occidental.

(Traducción del italiano)